La Registraduría Nacional del Estado Civil suscribió un convenio con la Cámara de Comercio de Bogotá con el fin de que pueda acceder y consultar la base de datos dispuesta por la Entidad para el servicio de autenticación biométrica.

Esta autenticación se realizará por medio de un aplicativo que confronta la información de las huellas dactilares de los ciudadanos que se acerquen a las 11 sedes de la Cámara de Comercio de Bogotá con la información que reposa en la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil en línea.

El convenio firmado facilita un trabajo conjunto encaminado a prevenir delitos como la suplantación de personas y el fraude, además da cumplimiento al Decreto – Ley 019 de 2012 y la Circular Externa de la Superintendencia de Industria y Comercio 008 de octubre de 2013.

La autenticación se realiza de manera directa con la información biométrica de la base de datos de la Registraduría y permitirá tiempos de respuesta inferiores a un segundo.
Este convenio permitirá a la Cámara de Comercio de Bogotá verificar la identidad de una persona que radicará documentos relacionados con registros públicos en cada una de sus sedes.

Con este convenio ya son cinco los que se han firmado para el acceso a la base de datos biométrica de la Registraduría, los demás se suscribieron con la Unión Colegiada del Notariado Colombiano, Registro Único Nacional de Tránsito Runt, la Lotería de Bogotá y el Banco Agrario.

Procedimiento para el acceso a la base de datos de la Entidad
Las Entidades interesadas en suscribir el convenio con la Registraduría para el acceso a las base de datos de la Entidad, deben presentar un requerimiento formal ante la Entidad, para así iniciar con la instalación de mesas de trabajo técnicas que permiten la implementación del proceso.

Las peticiones presentadas por las entidades son tramitadas a través de la Secretaría General de la Registraduría. Esta dependencia coordina con las diferentes áreas competentes el trámite a que haya lugar, emite los pronunciamientos correspondientes para cada caso, según se indica en la Resolución 3341 de 2013, de la Registraduría.
La Entidad interesada en suscribir un convenio debe proveer el canal de comunicación, los equipos y la infraestructura tecnológica necesaria para la transmisión de la información.

La Cámara de Comercio de Bogotá invitó a las empresas a renovar los trámites oportunamente para así evitar las sanciones establecidas por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que llegarían hasta los 17 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes si no renueva durante los tres primeros meses del año.

Ésto, según lo previsto en el Artículo 37 del Código de Comercio, en el Artículo 5 del Decreto 2153 de 2011 y en el Artículo 30 de la Ley 1727 de 2014 la SIC.

Conforme a esta última norma, las cámaras de comercio están obligadas a reportar a la Superintendencia de Industria y Comercio el listado de comerciantes que incumplan con la renovación oportuna de su matrícula mercantil.

De acuerdo con el Artículo 31 de La Ley 1727 de 2014- Depuración del Registro Único Empresarial y Social- RUES, anualmente se realizará la depuración de las bases de datos con las siguientes condiciones:

1. Las sociedades comerciales y demás personas jurídicas, que hayan incumplido la obligación de renovar la matrícula mercantil o el registro, según sea el caso, en los últimos cinco (5) años, quedarán disueltas y en estado de liquidación.

2. Cancelación de la matrícula mercantil de las personas naturales, los establecimientos de comercio, sucursales y agencias que hayan incumplido la obligación de renovar la matrícula mercantil en los últimos cinco (5) años.

En el marco del mejoramiento y la optimización de los Servicios Informáticos Electrónicos Aduaneros, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, hizo saber a los usuarios de éstos y a la ciudadanía en general, que ante eventuales fallas en el servicio, la Entidad cuenta con un protocolo o documento denominado “Contingencia por la no disponibilidad de los servicios informáticos electrónicos - aduaneros".

Una vez presentada la falla en los aplicativos que soportan la operación aduanera y declarada la contingencia por la autoridad aduanera competente, será aplicado el mencionado protocolo por los funcionarios de la DIAN. El documento en mención, define las actividades, procedimientos, responsables, tiempos y clase de registro que se deben seguir en caso de la interrupción de los Servicios Informáticos Electrónicos Aduaneros.

La aplicación de este protocolo tiene como objetivo mitigar el impacto de una posible contingencia y garantizar la continuidad de las operaciones de comercio exterior.

Es de anotar que los tiempos establecidos en el protocolo no superan las dos horas.

Por último, la DIAN recordó a todos sus usuarios que la tecnología y el mejoramiento permanente de los procesos de gestión de la plataforma tecnológica, se encaminan día a día a brindarles herramientas que faciliten su relación con la Entidad.

La Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar Asocajas presentó ante la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 81 de la Ley 1687 de 2013, la cual modifica el artículo 12 de la Ley 179 de 1994, por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1o de enero al 31 de diciembre de 2014.

Mediante dicha norma el Congreso de la República, con el aval del Ministerio de Hacienda y Crédito, dispuso que "las contribuciones parafiscales administradas por los órganos que no forman parte del Presupuesto General de la Nación, independientemente de su naturaleza jurídica, se incorporarán en un presupuesto independiente que requerirá la aprobación del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), salvo aquellas destinadas al financiamiento del Sistema General de Seguridad Social".

Sin embargo, la Honorable Corte Constitucional mediante sentencia proferida en febrero de 2015, declaró inexequible el artículo 81 de la Ley Anual de Presupuesto de 2014 y estipuló que la incorporación de los recursos parafiscales de las Cajas de Compensación y otros, no podrán regularse en la Ley Anual de Presupuesto por violar la Unidad de Materia, lo cual implicaba la ostensible vulneración de nuestro ordenamiento constitucional.

Los fundamentos de la Corte Constitucional para el fallo fueron:

Para iniciar, en relación con los cargos referidos al desconocimiento de los artículos 1, 2, 4, 13, 42, 44, 45, 47, 48, 53, 56, 151 y 209 la Corte decidió abstenerse de analizarlos, por cuanto: (i)el actor no explicó las razones por las cuales la norma acusada los transgrede y se limitó a hacer una enunciación de los mismos y (ii) carecen del requisito de la pertinencia, por cuanto el demandante plantea los problemas de la aplicación práctica de la norma en los casos de subsidio familiar, pero sin explicar las razones objetivas que confronten el contenido de las normas acusadas con los textos constitucionales. En este orden de ideas, deduce conclusiones que no provienen del contenido de la norma acusada, sino de su lectura particular.

Ahora bien, con respecto a los cargos formulados por el accionante en relación con (i) la trasgresión del principio de unidad de materia, contenido en el artículo 158 de la Constitución Política y (ii) la reserva de ley orgánica –artículos 151 y 352 Superiores-, la Sala consideró que cumplen con la carga argumentativa necesaria para satisfacer las exigencias legales y jurisprudenciales. No obstante, la Sala Plena decidió abstenerse de analizar lo atinente al cargo de vulneración de la reserva de ley orgánica teniendo en cuenta que el desconocimiento del principio constitucional de unidad de materia consagrado en el artículo 158 Superior, por sí sólo, conduce a la declaratoria de inexequibilidad.

La Sala evidenció que existió un desconocimiento de tal norma constitucional, en la medida que (i) se incluyó una norma cuyo objeto no tenía conexión con la materia presupuestaria propia de una Ley Anual de Presupuesto, (ii) no logró demostrarse que su objeto persiguiera su debida ejecución, y (iii) las disposiciones superan las limitaciones de tiempo de las normas presupuestales.

La Corte reiteró que la unidad temática se rompe cuando no es posible encontrar una congruencia causal, temática, sistemática y teleológica entre los distintos aspectos que regula la ley y la materia dominante de la misma. En el caso de las Leyes Anuales de Presupuesto, es necesario también considerar los aspectos de (i) temporalidad, (ii) asunto y (iii) finalidad presupuestal. En este orden de ideas, las disposiciones generales de la ley anual del presupuesto no pueden tener vocación de permanencia ni modifican reglas generales, incluidas en leyes permanentes.

En este orden de ideas, señaló que la Ley Anual de Presupuesto involucra una serie de disposiciones generales necesarias para su correcta ejecución y contiene las indicaciones que debe acoger el Gobierno como ejecutor del gasto público y recaudador de los ingresos fiscales dentro de la vigencia fiscal a la que está llamado a regir. El artículo 81 de la Ley 1687 de 2013 busca complementar una disposición normativa que dista de contener una estimación de ingresos, una autorización de gastos o una norma para la debida ejecución del presupuesto aprobado. Por el contrario, pretende establecer una regla general y permanente sobre la manera de incorporar las contribuciones parafiscales de los órganos que no son parte del Presupuesto General de la Nación.

Ahora bien, aunque la Corte declaró la inconstitucionalidad de la disposición acusada, decidió diferir los efectos de dicha declaratoria hasta el 31 de diciembre de 2015, a fin de que el Congreso le dé el trámite correspondiente. Ello, por cuanto una declaratoria de inexequibilidad pura y simple, desconocería postulados constitucionales de gran valor como la protección de recursos públicos, sumado a que podría generar inseguridad jurídica frente a la administración de estos aportes.