En los 2,25 millones de declaraciones de renta presentadas por las personas naturales, hasta la fecha, la administración tributaria ha encontrado inconsistencia en al menos 90.000 de ellas, esto como resultado del monitoreo preliminar diario que viene realizando.

Así lo anunció la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), al reportar que, una de las inconsistencias encontradas es que, con el ánimo de bajar la base gravable y por ende el impuesto de renta, se están incluyendo como dependientes a personas con identificaciones inusuales, tales como “cero" o con números secuenciales “1234..." "2222" “5678", entre otros.

Otra inconsistencia encontrada en revisiones preliminares de las declaraciones presentadas es la inclusión improcedente del beneficio de deducción del 1% sobre las compras soportadas con factura electrónica.

En ambos casos, las personas serán requeridas por la DIAN, por lo que la recomendación es realizar la corrección correspondiente lo antes posible.

Adicional a estas inconsistencias, algunos de los obligados han presentado su declaración, pero no han efectuado el pago correspondiente, lo que se ve reflejado en una cartera que supera los 168 mil millones de pesos.

Para quienes están interesados en solicitar una facilidad de pago con la entidad, vale señalar que deberán presentar la declaración con suficiente antelación al vencimiento, y así poder realizar el respectivo trámite, teniendo en cuenta los tiempos que demanda la verificación y otorgamiento de la facilidad de pago.

La recomendación de la DIAN para los contribuyentes es revisar con anticipación sus obligaciones y pagar dentro de los plazos establecidos para no incurrir en sanciones y pago de intereses moratorios.

Dentro del plan estratégico de pedagogía que viene implementando la Superintendencia de Sociedades, la entidad resaltó los beneficios de la celebración de un acuerdo de reorganización, el cual le permite a las empresas superar sus crisis económicas para que sigan operando y aportando a la articulación del tejido empresarial.

Los deudores y las empresas que optan por celebrar un acuerdo de reorganización en los términos de la Ley 1116 de 2006, gozan de un mecanismo legal en el que pueden reestructurar sus pasivos y así lograr nuevas formas de pago, en mejores condiciones.

Bajo la verificación que hace la Superintendencia de Sociedades como Juez Concursal, los empresarios obtienen protección legal que garantiza su negocio en marcha, la continuidad de su operación, y especialmente la generación y protección del empleo.

Dentro del papel de acompañamiento que hace la Entidad a los empresarios, es importante exponerles los beneficios que traen las herramientas de salvamento empresarial, con el fin que el régimen de insolvencia sea visto como la oportunidad para proteger y mejorar las unidades productivas, que promueva su función social y el desarrollo del país.

Al respecto, el Superintendente de Sociedades, Doctor Billy Escobar indicó: “Queremos resaltar que la Entidad, dentro de sus funciones, debe promover herramientas y espacios para la conservación y mejoramiento de las empresas, en atención a que gracias a ellas se articula el desarrollo de la economía colombiana. Por eso, hemos venido destacando los casos exitosos de Administrador Hotelera DANN, Carbones Colombianos del Cerrejón, Buffalo Wings, PDVSA Gas Sucursal Colombia, Inverfam, Alberto VO5, Urbanizadora David Puyana, entre otros, puesto que son ejemplo de procesos recuperatorios exitosos, en la reactivación económica del país y la promoción del empleo.”

Mediante un comunicado, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público informó que:

No existe norma que prohíba que las EPS utilicen la Unidad de Pago por Capitación – UPC para cubrir los servicios de salud prestados en vigencias anteriores.

Sin embargo, las EPS deben cumplir con la constitución de reservas técnicas que tiene por objeto estimar el valor de sus pasivos ocurridos conocidos y no conocidos, así como la obligación de respaldar dichas obligaciones en activos que reúnan condiciones de seguridad, liquidez y rentabilidad, en apego al régimen prudencial de inversión de las reservas técnicas.

La Unidad de Pago por Capitación – UPC, es el valor anual que el Estado fija por cada uno de los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud, en los regímenes contributivo y subsidiado.

La ADRES, como “caja pagadora”, cumple con los principios generales de
gestión presupuestal.

Las EPS deben usar los recursos girados por la ADRES en atención única y exclusiva de los gastos derivados de los servicios de salud en el marco legal vigente.

Las EPS deben cumplir con la constitución de las reservas técnicas para cubrir los servicios de salud que se generen en cada anualidad.

En un sano ejercicio financiero, la UPC debería ser usada para el pago de los servicios prestados durante cada vigencia, y para generar la provisión de los servicios pendientes de pago.

Si se están usando recursos de vigencias actuales para el pago de obligaciones anteriores, refleja que no se efectuaron las respectivas reservas técnicas.

De acuerdo con informes de la Superintendencia Nacional de Salud, con corte a marzo de 2024, solo ocho de 24 EPS cumplían con el adecuado respaldo de las reservas técnicas.

Informes de la Contraloría General de la República advierten que, en 2020, “las EPS pagaron servicios de salud de vigencia anteriores (…) por $5.516.433.364.738 con los recursos de la UPC, quienes tienen destinación específica y no podrán ser utilizados para fines distintos a los previstos en la Constitución y la Ley”, factor que muestra una posible acumulación de cuentas por pagar que no corresponde al sano ejercicio de constitución de reservas para el cumplimiento de obligaciones de la respectiva vigencia.

Si los recursos se utilizan con fines distintos a los establecidos por la ley, corresponde a los órganos de control realizar su respectiva labor.

Como parte de su Plan Estratégico 2022-2025 y considerando la existencia de una robusta regulación del riesgo de liquidez de los establecimientos de crédito, el Banco de la República redujo el requerimiento de encaje sobre los depósitos de dichas entidades con el fin de contribuir al proceso de profundización financiera de la economía.

En su última sesión ordinaria, la Junta Directiva del Banco de la República decidió reducir el requerimiento de encaje de la siguiente forma:

- Disminución de un punto porcentual del requisito de encaje sobre las exigibilidades cuyo porcentaje de encaje requerido actual sea de 8% (cuentas corrientes y cuentas de ahorro, principalmente). Es decir, el requisito de encaje para estas exigibilidades pasa de 8% a 7%.
- Disminución de un punto porcentual del requisito de encaje sobre las exigibilidades cuyo porcentaje de encaje requerido actual sea de 3,5% (CDT de menos de 18 meses). Es decir, el requisito de encaje para estas exigibilidades pasa de 3,5% a 2,5%.
- Se estima que con la disminución del encaje se reduzca la reserva bancaria en un monto de aproximadamente 6 billones de pesos.

El encaje bancario ha sido un instrumento de política relativamente simple, de aplicación general y estrechamente relacionado con la estructura básica de la actividad de intermediación financiera. Tales características le han otorgado históricamente diversos roles, que han evolucionado al ritmo del desarrollo del sistema financiero y de los cambios en la forma de diseñar y ejecutar la política económica. El requerimiento de encaje ha sido utilizado para mitigar el riesgo de liquidez de los bancos y como instrumento de política monetaria, enfocado en el control del crecimiento de los agregados monetarios amplios y el crédito. Avances en la regulación del riesgo de liquidez y cambios en la estrategia de la política monetaria han hecho que el encaje pierda relevancia en dichos roles.

La decisión tuvo en cuenta el manejo de la política monetaria con base en la estrategia de Inflación Objetivo, en la cual la tasa de interés es el principal instrumento, y la evolución e implementación de estándares regulatorios que mitigan el riesgo de liquidez de los establecimientos de crédito. Particularmente, la aplicación de los estándares internacionales del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia ha sido de gran importancia. El indicador de riesgo de liquidez (IRL) ha reducido la probabilidad de choques de liquidez de corto plazo con criterios prospectivos, y el coeficiente de fondeo estable neto (CFEN) ha inducido la obtención de un fondeo estructural adecuado por parte de los intermediarios. En este nuevo contexto, el requerimiento de encaje se definió considerando las necesidades de liquidez intradiarias de los participantes en el sistema de pagos de alto valor, de forma tal que los pagos de la economía fluyan sin interrupción. Al bajar los costos de la intermediación, la reducción del encaje requerido contribuye a la profundización financiera de la economía.

El Banco de la República seguirá realizando sus operaciones de liquidez de modo que la tasa de interés de corto plazo del mercado se mantenga en línea con la tasa de interés de política.