La Sección Cuarta del Consejo de Estado determinó, al fallar una acción de nulidad, que las normas de contabilidad generalmente aceptadas son obligatorias para los no obligados a llevar contabilidad que pretendan hacerla valer como prueba.

Síntesis del caso: Se estudió la legalidad de los actos administrativos por los que la Administración de Impuestos de Neiva modificó la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios que Marcel Elías Solano Quimbaya presentó por el año gravable 2007, en el sentido de aumentar los ingresos declarados y disminuir los costos y deducciones.

Para el efecto, la DIAN tuvo en cuenta la contabilidad y los estados financieros que el contribuyente remitió en respuesta los requerimientos ordinarios que se le hicieron con ocasión de la práctica de la diligencia de inspección tributaria que esa entidad decretó de oficio. Entre otros aspectos, se estableció si la inspección tributaria suspendió o no el término para notificar el requerimiento especial y el valor de la prueba contable aportada por el actor en la vía gubernativa, pese a que se trataba de un contribuyente no obligado a llevar contabilidad.

Extracto: “El Título VI del Estatuto Tributario regula el régimen probatorio de las actuaciones tributarias y, concretamente, se refiere a los medios de prueba de los que puede hacer uso tanto la administración, para desvirtuar la presunción de que trata el artículo 746 mencionado, como el contribuyente, para respaldar los hechos que declara en el denuncio rentístico.

Entre los medios probatorios permitidos se encuentra la prueba contable que es quizás el principal medio probatorio, en cuanto demuestra de una forma más real, más fiel, los hechos económicos que realiza el contribuyente. Así lo prevé expresamente el artículo 50 del Código de Comercio. El actor alegó que si bien los artículos 2 y 22 del Decreto 2649 de 1993 disponen que los estados financieros certificados por contador público son fiel copia de los libros, no está obligado a llevar contabilidad, razón por la que no llevaba ninguna clase de libros donde detallara los aspectos contables de su actividad.

Lo anterior, por cuanto en la declaración de renta presentada por el año gravable 2006 registró un inventario final de $83.500.000, saldo que debía corresponder al inventario inicial declarado en el año gravable 2007 pero en esa vigencia declaró por ese concepto $398.137.790, presentándose una diferencia de $314.637.790, por juego de inventarios.

Contrario a lo afirmado, lo cierto es que el actor si lleva libros de contabilidad y prueba de ello es que para el efecto allegó ante la Administración, a 31 de diciembre de 2007, entre otros documentos, (todos suscritos por contador público) el balance general, el estado de resultados, certificado de los estados financieros, notas explicativas a los estados financieros y a 31 de diciembre de 2006, el estado de resultados, el balance general, la certificación de los estados financieros y las notas explicativas a los estados financieros.

Los anteriores documentos los allegó amparado en el artículo 2o del Decreto 2649 de 1993 (que reglamenta la contabilidad general), que dispone su aplicación para quienes sin estar obligados a llevar contabilidad, pretendan hacerla valer como prueba, como lo pretendió el actor ante la Administración. Se debe tener en cuenta que el Decreto 2649 de 1993 desarrolla el artículo 6o de la Ley 43 de 1990, que trata de los principios o normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia y deben ser observados al registrar e informar contablemente sobre los asuntos y actividades de personas naturales o jurídicas.

Los principios o normas de contabilidad que en este decreto se establecen no se limitan a los comerciantes, sino que se aplican a las personas naturales o jurídicas que decidan llevar contabilidad. La interpretación se confirma por los contenidos del artículo segundo del mismo decreto al prescribir: “El presente decreto debe ser aplicado por todas las personas que de acuerdo con la ley estén obligadas a llevar contabilidad. Su aplicación es necesaria también para quienes sin estar obligados a llevar contabilidad, pretendan hacerla valer como prueba”.

Resulta clara la obligatoriedad de las normas contables para quienes sin estar obligados a llevar contabilidad, pretendan hacerla valer como prueba. Se reitera que las modificaciones efectuadas por la DIAN se basaron en la contabilidad y los estados financieros remitidos por el contribuyente, en respuesta a los requerimientos ordinarios proferidos por la Administración, valorados en la vía gubernativa [...] Así, la Administración determinó la diferencia entre el inventario final de 2006 y el inventario inicial de 2007 con fundamento en la inspección tributaria practicada, en certificado de los estados financieros (folios 198 a 203) y el balance general a 31 de diciembre de 2007 (folio 209), suscritos por el contribuyente y el contador público.

En consecuencia, no puede la actora pretender que en la vía gubernativa se tenga en cuenta la contabilidad como prueba, para posteriormente desconocer las pruebas aportadas, señalando que no son válidas por cuanto no está obligado a llevar contabilidad, a pesar de que voluntariamente dispuso llevarla”.

b. La inspección tributaria decretada de oficio suspende por tres meses el término para notificar el requerimiento especial, siempre que esta efectivamente se realice y las diligencias se lleven a cabo dentro del plazo durante el cual opera la suspensión.

Extracto: “El artículo 714 del Estatuto Tributario prevé que las declaraciones quedan en firme dentro de los dos años siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para declarar; dentro de los dos siguientes a la presentación de la declaración cuando ésta es extemporánea, o dos años después de la solicitud de
devolución o compensación respectiva, cuando la declaración refleje un saldo a favor del contribuyente o responsable, siempre que en ninguno de tales eventos se haya notificado requerimiento especial.

A su vez, el artículo 705, ibídem, señala que el requerimiento especial debe notificarse, a más tardar, dentro de los dos años siguientes a cada uno de los supuestos anteriormente señalados. Y el artículo 706 ejusdem, modificado por la Ley 223 de 1995 [251], norma vigente al momento de la presentación de la declaración inicial, previó la suspensión de dicho término, entre otros eventos, “cuando se practique inspección tributaria de oficio, por el término de tres meses contados a partir de la notificación del auto que la decrete” [...]

La Sala ha precisado que, dada la claridad del artículo 706 del Estatuto Tributario, el término de notificación del requerimiento especial se suspende a partir de la fecha de notificación del auto que decreta de oficio la inspección, por un lapso fijo de tres meses, no prorrogable, pero tampoco sujeto a disminución. Así mismo, señaló que la expresión "se practique inspección tributaria" del artículo 706 ibídem, implica que ésta efectivamente se realice, al punto de no admitir distinciones que la propia norma no hace, ni interpretaciones extensivas del concepto de inspección.

Por tanto, la suspensión se condiciona a la existencia real de la inspección tributaria, de modo que mientras los comisionados o inspectores no inicien las actividades propias de su encargo, acordes con el artículo 779 ejusdem, no puede entenderse realizada la diligencia ni suspendido el término de notificación del requerimiento especial.

En consecuencia, de acuerdo con la interpretación armónica de los artículos 706 y 779 ejusdem para que la inspección oficiosa suspenda por tres meses el término de notificación del requerimiento especial, debe practicarse por lo menos dentro del plazo durante el cual opera la suspensión de términos, que corre a partir de la notificación del auto que decreta la diligencia”.

Sentencia de 7 de mayo de 2015, Exp. 41001-23-33-000-2012-00104-01 (20580), M.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Cerca de 234 mil morosos de impuestos predial, vehículos, industria y comercio (ICA), y demás tributos que se le pagan a Bogotá, tienen ahora la oportunidad de ponerse al día en sus deudas, si estas corresponden a la vigencia 2012 y años anteriores.

Así lo informó el secretario de Hacienda (E), José Alejandro Herrera, quien explicó que esta última oportunidad aplica hasta el próximo 23 de octubre, acorde con lo establecido en la Ley 1739 de 2014, y cobija a los contribuyentes que hayan sido objeto de sanciones tributarias en Bogotá y se encuentren en mora por estas obligaciones. “Al aprovechar esta oportunidad los contribuyentes, además, se evitan procesos de cobro coactivo y sanciones”, destacó Herrera.

Según el funcionario, las cinco localidades que registran mayor morosidad son Suba, que representa el 12% del total de las 401 mil deudas de impuestos que tienen los contribuyentes con la ciudad; seguida de Usaquén, con el 11%; Engativá, con el 8%; Chapinero, con el 6.5%; y Kennedy, con el 6%.

A la fecha, 178.987 contribuyentes se han acogido a las condiciones especiales de pago. Aunque el plazo vence el 23 de octubre, Herrera le insistió a la ciudadanía para que no deje este trámite para último día.

Estrategia de atención a los ciudadanos
Con el fin de facilitar el pago de las deudas atrasadas, el funcionario informó que la Secretaría Distrital de Hacienda envió más de 120 mil formularios sugeridos a sus domicilios, de tal manera que solo tengan que dirigirse al banco más cercano a pagar. Las entidades financieras autorizadas para el recaudo en Bogotá son: Bancolombia, Helm Bank, Banco de Bogotá, Banco BBVA Colombia, Banco Popular, Banco GNB Sudameris, Banco Corpbanca, Banco Colpatria, Banco Citibank, Banco de Occidente, Banco Davivienda y Banco AV Villas.

Los contribuyentes que quieran aprovechar estas condiciones especiales de pago, deberán solicitar previamente una cita llamando a la línea 195, donde personal especializado les agendará una fecha y hora específicas en las cuales los atenderán, a fin de evitarles demoras y congestiones innecesarias.

Los contribuyentes también pueden obtener los formularios de manera fácil y directa en las pantallas de auto atención dispuestas por la Entidad en cualquiera de los SuperCade de la ciudad. Allí solo deberán tener a mano los datos de su predio o vehículo y seguir las indicaciones que les permitirá imprimir el estado de cuenta.

La Entidad, además, adelanta una estrategia con diversos mecanismos de acercamiento a los contribuyentes morosos. Es así como realizará visitas a través de su Dirección de Impuestos, a los grandes contribuyentes de Bogotá con el fin de informarles en detalle sobre estas condiciones especiales.

En cuanto a localidades, la Secretaría de Hacienda ya realizó una identificación georeferenciada de los contribuyentes en mora, para determinar la ubicación de sus unidades móviles de atención a la ciudadanía y se ha enviado mensajes informativos mediante correos electrónicos. Todas estas acciones están encaminadas a facilitar a los contribuyentes, el cumplimiento de sus obligaciones atrasadas.

Evítese sanciones
El Secretario recordó a la ciudadanía la importancia de estar al día en el pago de los impuestos y le invitó a aprovechar estas condiciones especiales, para evitar la apertura de procesos administrativos y el remate de bienes.

Según el funcionario, durante 2015 la Secretaría Distrital de Hacienda ha iniciado 20.453 procesos de embargos. De estos, ya se han emargado 3.002 bienes inmuebles y 9.358 productos financieros. Así mismo, ha realizado 94 diligencias de secuestro de estos predios a contribuyentes reacios a cumplir con sus obligaciones tributarias.

Finalmente, los ciudadanos interesados en conocer sus estados de cuenta pueden acudir, previo agendamiento, a cualquier SuperCade: CAD (carrera 30 No. 25-90); 20 de Julio, Calle 13, Suba, Bosa y Américas, donde podrán obtener información, bien sea a través de los funcionarios de servicio o por medio de las pantallas de autoatención.