Con la llegada de los 13 conglomerados financieros a la Superintendencia Financiera de Colombia – SFC, la Entidad realizó un proceso de transformación de algunas de sus áreas funcionales con el objetivo de capitalizar el conocimiento y experiencia institucional.

Como resultado del proceso de meritocracia interno se designó a Gladys Báez Bohórquez como Delegada Adjunta para Supervisión de Riesgos.

Más de 20 años de trabajo con la SFC fundamentan su conocimiento en la supervisión de riesgos y en la supervisión comprensiva y consolidada, adquirido a través de su experiencia como Delegada para Riesgo de Crédito y de Contraparte, Directora de Riesgo de Crédito Uno y Asesora de la Delegatura Adjunta para Supervisión de Intermediarios Financieros y Seguros, entre otros cargos desempeñados en la Entidad.

Gladys es Contadora Pública de la Universidad Santo Tomás y especialista en Gestión de Riesgos Financieros de la Universidad Sergio Arboleda.

La Delegatura para Intermediarios Financieros Uno - que se encargará de la supervisión de los conglomerados financieros respectivos – fue asumida por Esteban Gómez González quien se desempeñaba desde 2017 como Delegado para Riesgos de Mercado y Liquidez de la SFC, cargo desde el cual contribuyó al fortalecimiento de los equipos de análisis cuantitativo en procesos de supervisión basada en riesgos a los que les dio un enfoque prospectivo y macroprudencial complementario, gracias a su experiencia y capacidad técnica.

La vida laboral de Esteban ha estado estrechamente relacionada con la industria financiera. Formó parte del equipo técnico del Banco de la República, entidad a la que estuvo vinculado durante más de 10 años y en la que llegó a ser Director del Departamento de Estabilidad Financiera, desde donde participó en el desarrollo e implementación del modelo de pruebas de estrés del Banco Central como una herramienta estructural en el análisis del Reporte de Estabilidad Financiera, entre otros proyectos.

Esteban ha sido docente por más de ocho años en la Maestría en Economía de la Universidad Javeriana y participado en diversos documentos académicos sobre herramientas prudenciales y estabilidad financiera. Es Economista de la Universidad de los Andes, con magíster en Economía de la misma universidad y master en Finanzas de la Universidad de Princeton (Estados Unidos).

La supervisión individual de las entidades vigiladas estará a cargo de la Delegatura para Intermediarios Financieros Dos, liderada por Juan Carlos Bonilla quien -con más de 15 años de labores con la SFC-, ha sido partícipe de diferentes iniciativas regulatorias diseñadas para fortalecer el uso de los vehículos de administración de recursos públicos y desarrollos normativos para la industria de negocios fiduciarios, entre otros.

En la Superintendencia se ha desempeñado además como Delegado para Fondos de Pensiones y Sociedades Fiduciarias, entre otros cargos.

Es egresado de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Javeriana, con maestría en Administración de la Universidad de los Andes y posgrado en Finanzas y en Negociación y Relaciones Internacionales de la misma universidad.

Christian Mora Aponte fue designado como Delegado para Seguros. Se vinculó a la Superintendencia Financiera de Colombia hace dos años en el cargo de Director de Seguros Dos.

Recientemente hizo parte del programa Global Financial Partnership Center Fellowship realizado en Tokyo, Japón, en colaboración con la Agencia de Supervisión Japonesa (FSA), en el que se intercambian las mejores prácticas de supervisión de la industria aseguradora entre las jurisdicciones participantes.

Adelantó estudios de actuaría en Georgia State University (Atlanta, USA) como becario Fullbright, tiempo durante el cual también optó por electivas de negociación y banca inversión lo que contribuyó a consolidar su perfil técnico y gerencial.

En el sector privado se desempeñó como Director de Rentas Vitalicias y Seguros Previsionales en Seguros de Vida ALFA S.A., Director de la Cámara Técnica de Seguridad Social de la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) y Consultor en la firma McKinsey & Company. 

Christian es Ingeniero Industrial de la Universidad Industrial de Santander con maestría en Finanzas de la Universidad Externado de Colombia y maestría de Actuaría de Georgia State University.

La Sección Cuarta del Consejo de Estado determinó que el residente fiscal que declaró el impuesto a la riqueza por su patrimonio a 1º de enero de 2015, debe declarar para los años posteriores (2016, 2017 y 2018) el patrimonio poseído a nivel mundial, a pesar de que después del 2015 haya perdido dicha calidad.

Síntesis del caso: Se declaró la legalidad del Concepto 100208221-000744 de 29 de julio de 2016, expedido por la DIAN, en cuanto establece que un residente fiscal que declaró el impuesto a la riqueza por su patrimonio a 1º de enero de 2015 debe declarar para los años posteriores (2016, 2017 y 2018) el patrimonio poseído a nivel mundial, a pesar de haber perdido la calidad de residente fiscal.

Problema jurídico: ¿El Concepto 100208221 de 29 de julio de 2016, emitido por la Subdirección de Gestión Normativa y Doctrina de la DIAN, vulnera los artículos 297-2 inciso 2º, 292-2 numeral 2º y 294-2 del Estatuto Tributario, introducidos por los artículos 1º y 3º de la Ley 1739 de 2014 y, el artículo 4º inciso 1º y parágrafo de la Ley 1739 de 2014, al establecer que un residente fiscal que declaró el impuesto a la riqueza por su patrimonio a 1º de enero de 2015, debe declarar para los años posteriores (2016, 2017 y 2018) el patrimonio poseído a nivel mundial, a pesar de haber perdido la calidad de residente fiscal?

Tesis: “[S]i bien en el impuesto a la Riqueza el legislador estableció que la causación del tributo se genera cada 1º de enero de los años 2015, 2016, 2017 y 2018 y, por ende, inicialmente en cada uno de los ejercicios fiscales tendrían que atenderse las condiciones particulares del contribuyente persona natural; también se debe tener presente que tanto el hecho generador del impuesto como la base gravable del mismo quedaron atados al 1º de enero del año 2015. (…) [L]a causación del impuesto tiene relación directa con el hecho generador del tributo y por ende con el nacimiento de la obligación tributaria; el legislador en el impuesto a la Riqueza determinó como único momento de realización del hecho generador el 1º de enero de 2015 y, señaló que la causación del tributo se produce en cuatro periodos correspondientes al 1º de enero de cada uno de los años 2015, 2016, 2017 y 2018, lo que implica que la exigibilidad del impuesto se produce no solo en el mismo año (2015) de concreción del hecho gravado, sino además en ejercicios fiscales posteriores a la revelación de la capacidad económica del administrado, que en el tributo en mención corresponde al 1º de enero de 2015. Situación reseñada que no es común, pero para el caso del impuesto a la riqueza así fue determinado por el cuerpo legislativo. Como quedó establecido en la Ley 1739 de 2014, en el impuesto a la riqueza no solo el hecho generador corresponde al patrimonio poseído por el contribuyente con corte al 1º de enero de 2015, sino que además la base gravable para los años 2016, 2017 y 2018 está atada a la base gravable del año 2015. Lo anterior, por cuanto conforme lo prevé el parágrafo 4º del artículo 295-2 del E.T., en caso de que la base gravable del impuesto a la Riqueza para los años 2016, 2017 y 2018 sea superior a la del año 2015, la base gravable para cualquiera de estos años debe corresponder a la menor entre la determinada en el año que se declara el tributo y la base gravable del año 2015 incrementada en el 25% de la inflación que hubiere sido certificada por el Departamento Nacional de Estadística para el año inmediatamente anterior al declarado. En otro escenario, bajo el supuesto de que la base gravable en los años 2016, 2017 y 2018 sea inferior a la del año 2015; la base gravable para cada uno de estos años corresponde a la mayor entre la determinada en el año objeto de declaración y la base gravable del año 2015 disminuida en un 25% de la inflación que hubiere sido certificada por el Departamento Nacional de Estadística para el año inmediatamente anterior al declarado (…) [S]e observa que con el parágrafo 4 del artículo 4º de la Ley 1739 de 2014 (Artículo 292-4 del E.T), el propósito del legislador fue vincular la base gravable del impuesto a la Riqueza de los años gravables 2016, 2017 y 2018 a la base gravable determinada en el año 2015; razón por la cual esta Sala considera que el concepto demandado no vulnera las disposiciones normativas de orden superior. De aceptarse la tesis de la demandante, atinente a que para los años gravables 2016, 2017 y 2018 la base gravable de un contribuyente del impuesto a la riqueza persona natural, se vea disminuida por haber tenido la condición de residente fiscal en el año 2015, pero no tenerla en los años 2016, 2017 y 2018, a fin de que en estos últimos tres años, en lugar de tributar por el patrimonio mundial, lo haga por el patrimonio poseído en Colombia; tendría también que aceptarse, contrario sensu, que un no residente a 1º de enero de 2015, que declaró el impuesto a la Riqueza acorde con el patrimonio poseído en Colombia, pero que en cualquiera de los años 2016, 2017 y 2018 adquiriera la condición de residente fiscal, se viera en la obligación de incluir en la declaración del impuesto a la Riqueza el patrimonio mundial poseído en los años 2016, 2017 y 2018. Escenarios descritos que no se ajustan a derecho, por cuanto no fueron establecidos por el legislador en la Ley 1739 de 2014, dado que lo esencial en el impuesto a la Riqueza para efectos de la base gravable de los años 2016, 2017 y 2018 es la base gravable determinada en el año 2015. Motivos por los cuales, si la condición del contribuyente en los años 2016, 2017 y 2018 es diferente a la que tuvo a 1º de enero del año 2015, ello no modifica de forma significativa la base gravable del tributo, dado que, conforme lo estableció el legislador en el parágrafo 4º del artículo 295-2 del E.T., la base gravable del impuesto a la riqueza para los años 2016, 2017 y 2018 tiene unos extremos económicos mínimos y máximos que están sujetos a la base gravable del año 2015; razón por la cual si el contribuyente persona natural fue residente fiscal en el año 2015, pero no lo es en los años 2016, 2017 y 2018, no le es posible disminuir o aumentar la base gravable por fuera de los extremos fijados por el legislador. De igual forma, la Sala precisa que en el concepto demandado la Autoridad Tributaria no está vulnerando el principio de reserva de ley, por cuanto la Administración no está modificando ninguno de los elementos esenciales del impuesto a la Riqueza que fueron establecidos por el legislador en la Ley 1739 de 2014. En consecuencia, de conformidad con lo expuesto, la Sala negará las pretensiones de la demanda”.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 20 de septiembre de 2018, C.P. Milton Chaves García, radicación: 11001-03-27-000-2017-00045-00 (23401).

Para que las empresas sigan adoptando un sistema de gestión en igualdad de género y que permita cerrar las brechas en las estructuras organizacionales, el Ministerio del Trabajo fortalecerá este año el Sello de Equidad Laboral ‘Equipares´.

Según informó el viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, Carlos Alberto Baena, durante la instalación del Foro “Equipares, Equidad de Género, Lenguaje Incluyente: Una forma de crecer en las organizaciones”, organizado por la Federación Colombiana de Gestión Humana (ACRIP), en el Club El Nogal, la equidad de género es algo que nos saca de lo que tradicionalmente ha sido la violencia contra la mujer.

“Sacamos a las mujeres del ciclo de la violencia a un esquema de autonomía económica, lo cual es un gran paso que necesita el país. Una forma de crecer en las organizaciones es que más empresas se vinculen al sello, y es uno de los retos que tiene en el presente año, la titular de la cartera laboral, Alicia Arango”, señaló el viceministro Baena.

Hacen parte del Sello ´Equipares’ 73 empresas del país que impactan con medidas de igualdad a más de 140 mil personas. (75 mil son hombres y 64 mil mujeres).

“El Sello de Equidad Laboral contribuye a eliminar las brechas de género, a crear más productividad y a que haya más crecimiento económico y trabajo decente, por ello, el interés de esta cartera de fortalecer el programa”, precisó el viceministro.

Agregó que el programa tiene un impacto social, según los resultados de evaluación de la política púbica de equidad laboral realizada por el DNP, y que demuestra que el trabajo en las ocho dimensiones del programa ha permitido a las empresas desarrollar acciones específicas para eliminar estereotipos y sesgos de género presentes en los procesos de selección, remuneración de salario y erradicación del acoso laboral, entre otros.

El programa, creado en 2013 por MinTrabajo, con el apoyo del PNUD, quien brinda asistencia técnica en su implementación ha permitido reconocer las capacidades y habilidades de los trabajadores sin importar su sexo, lo que genera mayor competitividad laboral, progreso y desarrollo sostenible.

Mejorar la experiencia de los contribuyentes, evitarles filas, desplazamientos y simplificar los trámites son algunos de los objetivos de las modificaciones efectuadas por el Municipio de Medellín al documento de cobro del impuesto predial.

Con la modernización del documento se expide un formato de cobro individual por cada matrícula inmobiliaria, evitando así que los contribuyentes realicen el trámite de separación de cuentas. Esto significa que el 83 % de los contribuyentes recibirán entre uno y dos documentos de cobro, al 16% les llegarán entre tres y 10 documentos de cobro y el 1 % de los contribuyentes recibirá más de 10 documentos de cobro.

Así mismo, en el mismo documento de cobro, el contribuyente podrá seleccionar si desea pagar en forma trimestral o anual, sin necesidad de trámites adicionales.

“En 2018 recibimos 400.000 solicitudes de separación de facturas y de anualización de pagos, lo que le exigía a cada uno de estos contribuyentes desplazarse a la Administración Municipal, además de incurrir en gastos como una copia o duplicado de esta factura. Con los cambios realizados en el documento de cobro esto ya no es necesario. Aquí lo que estamos haciendo es mejorar la experiencia al contribuyente, ligándola a la virtualidad y la digitalización de los procesos”, explicó el subsecretario de Ingresos, Daniel Escobar Valencia.

La Administración Municipal espera obtener un mayor recaudo anticipado producto de la opción de pago anualizado con descuento por pronto pago al cual pueden acceder los contribuyentes con el nuevo modelo de documento de cobro y sin necesidad de acercarse a las instalaciones de la Alcaldía. Dicha estrategia también tiene un componente ambiental y sostenibilidad. “En la medida que logremos anualizar más facturas, avanzaremos hacia el objetivo de dejar imprimir más de 200.000 documentos”, indicó el Subsecretario de Ingresos.

La Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Hacienda, desarrolló una opción ágil y segura a través la página www.medellin.gov.co que les permite a los contribuyentes hacer la inscripción en línea para que reciban el documento de cobro de manera digital al correo electrónico. De igual manera, pueden gestionarlo y pagarlo a través de la aplicación HaciendaMed.

La invitación para los contribuyentes es a realizar su inscripción en la página www.medellin.gov.co A partir del segundo trimestre a los contribuyentes que en este período hayan recibido más de tres documentos les llegará una sola cuenta como se entregaba anteriormente.

Los ciudadanos que deseen generar su documento y pagar el impuesto predial de manera física pueden acudir a los puntos de servicios tributarios del Centro Administrativo La Alpujarra o a los MásCerca y las Casas de Gobierno de las diferentes comunas y corregimientos.