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La Corte Constitucional expidió la sentencia número C-533 de 2019 luego de reunirse en Sala Plena y mediante voto favorable de los ocho magistrados, da alcance a la sentencia previa número C-145 de 2009. En esta se declaró la exequibilidad del artículo quinto del Decreto 4333 del 17 de noviembre de 2008.
 
Previa demanda interpuesta del mencionado artículo por parte del Instituto Nacional de Contadores Públicos, en la nueva sentencia se aclara que en la sentencia C-145 de 2009 a la que se remite la Corte en este nuevo pronunciamiento, se declaró inconstitucional la expresión “o indirectamente”, porque, se corre el riesgo de hacer destinatarios de las medidas de intervención a terceros de buena fe, como empleados y proveedores que, en ejercicio del derecho al trabajo o la libertad de empresa, o de sus actividades económicas correctas, legítimamente proveyeron bienes y/o servicios a los captadores o recaudadores en operaciones no autorizadas.
 
La corte expresa que la decisión se hizo bajo el entendido que “los terceros proveedores de bienes y servicios entre los cuales se hallan revisores fiscales y contadores, que hubiesen procedido de buena fe en el ámbito de sus actividades lícitas ordinarias o habituales, no son sujetos de intervención por parte de la Superintendencia de Sociedades, dado que las actividades y operaciones que esta vigila no puede extender responsabilidad a terceros de buena fe distintos de quienes entregaron recursos, v. gr. empleados y proveedores, que en ejercicio del derecho al trabajo o la libertad de empresa (arts. 25 y 333 Const.), o de sus actividades económicas correctas, legítimamente proveyeron bienes y/o servicios a los captadores o recaudadores en operaciones no autorizadas.”
 
Tal decisión limita la intervención de Superintendencia de Sociedades patrimonio, bienes y haberes de los contadores públicos y revisores fiscales de entidades intervenidas, asumiendo que eran vinculados directos, y no indirectos.

Después de las negociaciones alcanzadas en el marco de la Comunidad Andina (CAN), los empresarios de los sectores de las confecciones y del calzado podrán exportar sus productos con la misma etiqueta a Bolivia, Ecuador y Perú, lo que facilita los procesos, permite ahorrar costos e impulsa las ventas externas.

 

Así lo señaló la viceministra de Comercio Exterior, Laura Valdivieso Jiménez, al tiempo que explicó que los cuatro países que hacen parte de la CAN unificaron los criterios técnicos para la etiqueta que lleva esa clase de bienes.

 

“Logramos armonizar los primeros reglamentos técnicos de etiquetado para productos de estas dos actividades y se podrán exportar con una misma etiqueta a esos mercados.

 

Esto se traduce en un ahorro considerable en la cadena de producción. Si bien este reglamento técnico está vigente desde ya, estimamos que las etiquetas actuales se agotarán en un año. Cuando esto suceda, regirá una única marquilla. Esto se suma a las acciones que hemos adelantado en facilitación de comercio”, dijo la Viceministra.

 

Las exportaciones colombianas de confecciones hacia la CAN sumaron US$97 millones, en el 2018. Entre enero y septiembre de este año, esas ventas fueron de US$70 millones.

 

Por el lado de calzado, el año pasado las exportaciones hacia la CAN alcanzaron US$12 millones, mientras que entre enero y septiembre de este año fueron de US$8 millones.

El Gobierno nacional radicó la ponencia para empezar el primer debate de la Ley de Crecimiento Económico, con cuatro medidas puntuales que ayudarán a superar brechas para la población más vulnerable y a fortalecer a la clase media, de acuerdo con el viceministro general de Hacienda, Juan Alberto Londoño Martínez.

 

El Viceministro explicó las cuatro medidas que se incluyeron en esta ponencia empezando por la devolución del IVA para el 20% de la población más pobre de Colombia. “Este es un avance transformacional porque esto nos permite a nosotros darles apoyo económico y mejorar sus condiciones de vida”.

 

“Hace un año propusimos aumentar el IVA y devolvérselo a las familias menos favorecidas, hoy llegamos a la conclusión de que debemos demostrar que este mecanismo funciona y le vamos a devolver el IVA al 20% de la población más vulnerable”, indicó

 

La segunda medida, que fue una promesa del presidente de la República Iván Duque para los jubilados que reciben pensiones de un salario mínimo, es reducir gradualmente los aportes a salud del 12% al 4%. En principio, el próximo año se reducirá al 8% y en 2022 al 4%.

 

La tercera medida tiene que ver con la creación de incentivos adicionales a los que generen empleo para los jóvenes entre los 18 y 28 años. “Quienes los contraten podrán tener una deducción adicional a la que hoy existe en la ley, para que eso nos permita aumentar el número de empleo en el país”, señaló Londoño Martínez.

 

Finalmente, el Viceministro General explicó que habrá tres días sin IVA al año en los que las familias podrán adquirir vestuario, calzado, útiles, algunas tecnologías, a precios más bajos ya que no tendrán que pagar este impuesto.

 

Londoño aseguró que los recursos para dar cumplimiento a estas medidas están y de ninguna manera se está atentando contra la disciplina fiscal que caracteriza al país.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, publicó el proyecto de resolución por la cual se establecen los mecanismos de reporte de las tarifas del impuesto de industria y comercio consolidado y de la cuenta para la transferencia de estos recursos, por parte de los Distritos y Municipios.

 

La entidad recibirá comentarios, observaciones y sugerencias sobre el proyecto de resolución hasta el 28 de noviembre de 2019, a través de los siguientes buzones: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. y Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.">Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

Para conocer el proyecto de resolución, haga clic aquí.

El ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla Barrera, presentó el Grupo Bicentenario, el Grupo Financiero de Colombia que agrupará las entidades estatales que prestan servicios financieros.

 

De acuerdo con Carrasquilla Barrera, el Gobierno nacional pretende que el Grupo Bicentenario, sea el tercer grupo financiero más grande del país, compitiendo con solidez al mismo nivel que los conglomerados del sector privado.

 

“Con el Grupo Bicentenario, queremos generar eficiencia, colaboración y coordinación en el funcionamiento de las empresas del Estado que prestan servicios financieros, optimizando su portafolio y protegiendo el patrimonio y los ahorros de los colombianos. También, fortalecer el gobierno corporativo de estas compañías con el propósito de mejorar su transparencia y eficacia”, señaló el Ministro.

 

De igual forma, resaltó que, con la creación del Grupo Bicentenario, no se afectarán los derechos laborales ni implicará desvincular trabajadores, tampoco se busca remitir dineros al sector privado y mucho menos la quiebra de las entidades.

 

“Quiero mandar un mensaje de tranquilidad a los empleados de las entidades que harán parte del Grupo Bicentenario: sus puestos de trabajo no se verán afectados con la creación de este Conglomerado ni se afectarán sus condiciones laborales” subrayó.

 

La participación de la Nación en empresas que conforman el sector financiero colombiano incluye bancas de primer piso, bancas de segundo, aseguradoras, fiduciarias y un fondo de garantías, lo que representa un gran potencial para la consolidación de un grupo de servicios financieros equiparable a los conglomerados financieros que existen en el país.

 

En este sentido, la Nación cuenta con participación directa e indirecta en 18 entidades con un valor patrimonial que asciende a $15,8 billones con corte a diciembre de 2018, de los cuales la nación tiene $14,9 billones.

 

Es importante resaltar que el Grupo Financiero Bicentenario, será una sociedad de economía mixta, que se regirá por el derecho privado, permitirá alinear estratégicamente a las empresas, evitando que las compañías tengan objetivos contradictorios entre sí, así como corregir fallas de mercado y especializarse en campos específicos.

 

Así mismo, materializará las sinergias entre las distintas entidades que conformen el grupo con ventas cruzadas, mejora de ingresos de nuevos clientes, optimización de portafolios de inversión y  en productividad, gastos administrativos, fondeo, eficiencia en tecnología y  optimización de capital.

 

Finalmente, fortalecerá la generación de valor para los accionistas y grupos de interés, como la capacidad de competir de las empresas, con participación mayoritaria estatal.

En el marco del Decreto Ley Antitrámites, que el Gobierno Nacional expidió, quedó establecida la disminución de tiempos en las autorizaciones, permisos y certificaciones de las operaciones de comercio exterior que se gestionan a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE).

Se resolverá en un día hábil las solicitudes de importación del régimen libre. En el caso de las solicitudes de importación del régimen de licencia previa, las entidades que hacen parte del VUCE contarán con máximo dos días hábiles para contestarlas.

Con este fin, las entidades con competencias en esta materia deberán implementar el Sistema de Administración de Riesgos – SAR, conforme al cronograma que expida el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

El Decreto Ley Antitrámites también pone la lupa sobre las inspecciones en sociedades portuarias y dispone que los operadores deberán priorizar los mecanismos de inspección no intrusiva, por medio del uso de escáneres, sin que los mismos generen cobros ni costos adicionales por el uso de esta tecnología.

Por su parte, en materia de turismo se estableció que los proyectos de infraestructura turística podrán ser presentados por los entes territoriales ante FONTUR, en cualquier momento del año. La norma determinaba que debía ser a más tardar el 30 de junio de cada año, para que fueran considerados.

La interoperabilidad es uno de los mecanismos con que cuenta el sector comercio para facilitar la realización de trámites y de otros procedimientos administrativos, y es así como se ha dispuesto que los diferentes actores que hacen parte de la Ventanilla Única Empresarial – VUE centralicen su información para simplificar y reducir los costos de transacción para los empresarios.

Cabe destacar que la VUE es una estrategia público-privada, coordinada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, operada por las cámaras de comercio y articulada con el Registro Único Empresarial y Social – RUES.

Otro de los beneficios que establece el Decreto Ley es la gratuidad del Registro de Industria y Comercio, cuya inscripción podría llevarse a cabo a través de la Ventanilla Única Empresarial.

El Decreto beneficiará también a los propietarios de locales comerciales, quienes no estarán obligados a demostrar que cuentan con las certificaciones y demás requisitos sobre uso del suelo. La consulta de esta información podrá hacerse directamente ante las respectivas alcaldías de su municipio.

Estas mejoras del sector comercio hacen parte del conjunto de acciones que el Gobierno ha iniciado para intervenir aquellos trámites y procedimientos administrativos que le apuntan a mejorar el servicio y atención a los ciudadanos.
 
Acerca del Decreto Ley
Tras la aprobación de las facultades extraordinarias al presidente Iván Duque en el Plan Nacional de Desarrollo, el Departamento Administrativo de la Función Pública lideró las mesas de trabajo para la articulación de los 24 sectores de Gobierno, así como las entidades territoriales y gremios empresariales. Fueron tres los pilares de la construcción: la legalidad, la equidad y la lucha contra la corrupción.

Durante el diálogo e identificación de trámites a ser revisados, se recibieron 1.800 propuestas que se incorporaron en el articulado del Decreto Ley.

Decreto Ley Antitrámites reduce tiempos de respuesta para empresarios

 

En el marco del Decreto Ley Antitrámites, que el Gobierno Nacional expidió, quedó establecida la disminución de tiempos en las autorizaciones, permisos y certificaciones de las operaciones de comercio exterior que se gestionan a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE).

 

Se resolverá en un día hábil las solicitudes de importación del régimen libre. En el caso de las solicitudes de importación del régimen de licencia previa, las entidades que hacen parte del VUCE contarán con máximo dos días hábiles para contestarlas.

 

Con este fin, las entidades con competencias en esta materia deberán implementar el Sistema de Administración de Riesgos – SAR, conforme al cronograma que expida el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

 

El Decreto Ley Antitrámites también pone la lupa sobre las inspecciones en sociedades portuarias y dispone que los operadores deberán priorizar los mecanismos de inspección no intrusiva, por medio del uso de escáneres, sin que los mismos generen cobros ni costos adicionales por el uso de esta tecnología.

 

Por su parte, en materia de turismo se estableció que los proyectos de infraestructura turística podrán ser presentados por los entes territoriales ante FONTUR, en cualquier momento del año. La norma determinaba que debía ser a más tardar el 30 de junio de cada año, para que fueran considerados.

 

La interoperabilidad es uno de los mecanismos con que cuenta el sector comercio para facilitar la realización de trámites y de otros procedimientos administrativos, y es así como se ha dispuesto que los diferentes actores que hacen parte de la Ventanilla Única Empresarial – VUE centralicen su información para simplificar y reducir los costos de transacción para los empresarios.

 

Cabe destacar que la VUE es una estrategia público-privada, coordinada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, operada por las cámaras de comercio y articulada con el Registro Único Empresarial y Social – RUES.

 

Otro de los beneficios que establece el Decreto Ley es la gratuidad del Registro de Industria y Comercio, cuya inscripción podría llevarse a cabo a través de la Ventanilla Única Empresarial.

 

El Decreto beneficiará también a los propietarios de locales comerciales, quienes no estarán obligados a demostrar que cuentan con las certificaciones y demás requisitos sobre uso del suelo. La consulta de esta información podrá hacerse directamente ante las respectivas alcaldías de su municipio.

 

Estas mejoras del sector comercio hacen parte del conjunto de acciones que el Gobierno ha iniciado para intervenir aquellos trámites y procedimientos administrativos que le apuntan a mejorar el servicio y atención a los ciudadanos.

 

Acerca del Decreto Ley

Tras la aprobación de las facultades extraordinarias al presidente Iván Duque en el Plan Nacional de Desarrollo, el Departamento Administrativo de la Función Pública lideró las mesas de trabajo para la articulación de los 24 sectores de Gobierno, así como las entidades territoriales y gremios empresariales. Fueron tres los pilares de la construcción: la legalidad, la equidad y la lucha contra la corrupción.

 

Durante el diálogo e identificación de trámites a ser revisados, se recibieron 1.800 propuestas que se incorporaron en el articulado del Decreto Ley.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, publicó para comentarios el proyecto de resolución por la cual se rinde informe acerca del efectivo intercambio de información tributaria o de relevancia tributaria y el estado de las negociaciones de tratados y acuerdos internacionales para el intercambio de información tributaria.

 

La entidad se recibirán comentarios, observaciones y sugerencias sobre el proyecto de resolución hasta el 06 de diciembre de 2019, a través del siguiente buzón: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. y Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..">Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..

 

Para conocer el proyecto de resolución, haga clic aquí.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, publicó el proyecto de Resolución por el cual se establecen los mecanismos de reporte de las tarifas del impuesto de industria y comercio consolidado y de la cuenta para la transferencia de estos recursos, por parte de los Distritos y Municipios.

 

La entidad recibirá comentarios, observaciones y sugerencias sobre este proyecto de resolución hasta el 28 de noviembre de 2019, a través de los siguientes buzones: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. y Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.">Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

Para conocer el proyecto de resolución completo, haga clic aquí.

Comprometida en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, la Superintendencia de Sociedades firmó el "Pacto de Supervisores del Sector de las Actividades Profesionales no Financieras Designadas (APNFD)".

 

El memorando de entendimiento suscrito con la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), permitirá la cooperación, el intercambio de información y el cumplimiento de los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en materia de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

 

A través del pacto firmado por la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Notariado y Registro, Coljuegos y la Junta Central de Contadores, se establecerán instrumentos y protocolos que permitan, de acuerdo a las competencias legales de cada entidad, intercambiar conocimientos y buenas prácticas para la prevención y detección de estos delitos.

 

Las Entidades establecerán grupos de trabajo para identificar nuevas tipologías de lavado de activos y financiación del terrorismo, así como estrategias conjuntas para fortalecer los sistemas de administración de riesgos.

 

Además, realizarán semestralmente mesas de trabajo para evaluar los avances del país frente al Plan de Acción al Seguimiento Intensificado del Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica (GAFILAT).

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, publicó el proyecto de resolución por el cual se modifica parcialmente la Resolución 000044 de 2019, referente al tránsito aduanero y transporte multimodal para la carga contenerizada.

 

Por lo anterior, la entidad recibirá comentarios, observaciones y sugerencias sobre el proyecto de resolución hasta el 20 de noviembre de 2019, a través del siguiente buzón:Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.">Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

Para conocer el proyecto de resolución completo, haga clic aquí.

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