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Decreto 0159, fija transitoriamente el salario mínimo mensual legal del año 2026
El Ministerio de Trabajo emitió el Decreto no. 0159 del 19 de febrero de 2026, por el cual se fija transitoriamente el salario mínimo mensual legal del año 2026.
Decreto 1469, fija el salario mínimo mensual legal para 2026
El Ministerio de Trabajo emitió el Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025, por el cual se fija el salario mínimo mensual legal vigente para 2026, el cual sube a $249.095.
La Comisión de Concertación de Políticas Salariales acordó mantener aumento del salario mínimo
En sesión de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, el Gobierno nacional, representantes de los gremios empresariales y de los principales sindicatos acordaron mayoritariamente mantener el incremento del 23,7% del salario mínimo vital, decretado a finales de 2025.
Los ministros de Hacienda, Germán Ávila Plazas, y de Trabajo, Antonio Sanguino, evaluaron el auto del Consejo de Estado que suspendió transitoriamente el decreto del salario mínimo y ordenó expedir uno nuevo, y concluyeron que, desde el punto de vista jurídico y económico, no era viable desconocer un derecho adquirido ni reversar una decisión que había entrado en vigor. La posición mayoritaria fue clara: mantener el aumento garantiza estabilidad, evita incertidumbre y protege el ingreso de millones de trabajadores.
El ministro Germán Ávila Plazas enfatizó que modificar la decisión generaría desconfianza en la economía y afectaría la planeación empresarial y familiar. “Dar estabilidad es proteger el ingreso y fortalecer la confianza para el crecimiento del país”, señaló. Según lo expuesto en la Comisión, los indicadores económicos no evidencian que el incremento salarial haya disparado la inflación, aumentado el desempleo o generado algún riesgo a la estabilidad macroeconómica. Por el contrario, el fortalecimiento del poder adquisitivo, como ha sido evidenciado, dinamiza la demanda interna y contribuye al crecimiento económico del país.
El presidente Gustavo Petro anunció que, mientras se expide el nuevo decreto en cumplimiento de la decisión judicial, se mantendrá el salario mínimo vital vigente fijado, garantizando de este modo la estabilidad laboral y el derecho de las y los trabajadores a un ingreso digno. El Ministerio de Hacienda acompaña técnicamente el proceso para garantizar una solución constitucional, sólida y orientada a defender la justicia económica.
En un plazo de una semana, el Gobierno nacional deberá realizar un nuevo acto administrativo que sustituya el decreto 1469 de 2025, mantenga el monto fijado e incluya ajustes en su argumentación de acuerdo con los parámetros fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-815 de 1999 a fin de ponderar los factores contenidos en la decisión.
Salario mínimo sube un 23,78% para 2026
El Gobierno Nacional anunció que el aumento del salario mínimo para 2026 será del 23,78%, el cual será de $2 millones, incluyendo el subsidio de transporte. Explicó que, tras no lograrse un acuerdo en la mesa de concertación, se hará bajo el concepto de salario mínimo vital.
El Ministerio de Hacienda indicó que la OIT define el salario vital como “el ingreso necesario para asegurar un nivel de vida digno a los trabajadores y sus familias”, teniendo en cuenta el contexto económico de cada país y calculado sobre una jornada laboral normal.
Este modelo no es más que una forma de analizar si el ingreso alcanza a cubrir las necesidades esenciales que contempla el modelo en cuestión, teniendo como resultado un mayor bienestar y acceso efectivo a bienes y servicios fundamentales.
El salario deja de ser únicamente una variable económica y se convierte en una herramienta de justicia social, orientada a garantizar condiciones básicas de vida para los hogares trabajadores.
Los componentes que define la OIT
Actualmente la OIT establece una serie de componentes que deben ser considerados al estimar un salario vital. Entre ellos se encuentran:
• Alimentación suficiente y nutritiva, que cubra las necesidades básicas del hogar.
• Vivienda digna y servicios públicos, como agua, luz y gas, que permitan estabilidad familiar.
• Acceso a salud y seguridad social plena.
• Educación, considerada imprescindible para las oportunidades futuras del núcleo familiar.
• Transporte y otros gastos cotidianos.
El desafío de incorporar este concepto en la política salarial colombiana será equilibrar el poder adquisitivo de los trabajadores con la sostenibilidad económica y la generación de empleo formal. Asimismo, dependerá de que el crecimiento económico se traduzca en mejores ingresos y de la capacidad del Estado para llegar a acuerdos mediante el diálogo social.