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La Presidencia de la República emitió el Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, por medio del cual declara el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio nacional. 

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El Gobierno emitió el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020, por el cual se declara un nuevo Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional a causa del Covid-19.

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El Ministerio del Trabajo emitió el Decreto 488 del 27 de marzo de 2020, por medio del cual se adoptan medidas en el ámbito laboral con el fin de promover la conservación del empleo y brindar alternativas a trabajadores y empleadores dentro de la Emergencia Económica, Social y Ecológica, declarada por el Gobierno nacional por medio del Decreto 417 del 17 de marzo de 2020.

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El Ministerio de Educación emitió el Decreto 467 del 23 de marzo de 2020, por el cual se dictan medidas de urgencia en materia de auxilio para beneficiarios del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior -ICETEX, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.

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El ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó las razones que llevaron al Gobierno nacional a declarar la emergencia económica, una medida orientada a recuperar los ingresos necesarios para preservar la estabilidad macroeconómica y fiscal del país, luego de que el Congreso negara la Ley de Financiamiento.

El ministro señaló que, ante este escenario, el Gobierno enfrentó una decisión clave: incrementar el endeudamiento o fortalecer los ingresos tributarios. Asimismo, sustentó que se escogió la opción más sana y razonable: ampliar los ingresos de las finanzas públicas a través de la tributación, ya que esta alternativa permite responder a las obligaciones del Estado sin comprometer la sostenibilidad fiscal.

Razones de la emergencia económica

La declaratoria de emergencia responde a factores estructurales que presionan las finanzas públicas, entre ellos se destaca:
• La negativa del Congreso a la Ley de Financiamiento, que dejó un vacío importante de recursos.
• El déficit en la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del sistema de salud, estimado en 3 billones de pesos, recurso con el que el Estado financia la atención de cada afiliado.
• Las necesidades de seguridad nacional, orientadas a garantizar la protección de la Fuerza Pública, su infraestructura y la capacidad de reacción del Estado.
• Requerimientos adicionales de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
• La atención de emergencias previsibles, como desastres naturales, entre ellos terremotos, que demandan respuestas fiscales inmediatas.
“Ha sido un buen año económico”, afirmó el ministro Ávila, pero las finanzas públicas enfrentan dificultades estructurales que deben atenderse con acciones rápidas y contundentes.

Tributación progresiva y SIN 5x mil
El ministro de Hacienda fue enfático en aclarar que no todos los colombianos estarán sujetos a una mayor carga tributaria y descartó de manera explícita la implementación del 5x mil, una medida que, reiteró, no ha sido contemplada por el Gobierno, que es información falsa.

En su lugar, se plantea un modelo de tributación progresiva, enfocado en los mayores patrimonios. De acuerdo con lo explicado por el ministro, el esquema propuesto sería el siguiente:
1. Patrimonios entre 3.600 y 6.000 millones de pesos: tarifa del 1 %.
2. Patrimonios entre 6.000 y 12.000 millones de pesos: tarifa del 2 %
3. Patrimonios entre 12.000 y 100.000 millones de pesos: tarifa del 3 %.
4. Patrimonios superiores a 100.000 millones de pesos: tarifa del 5 %.

Operación de TES y confianza inversionista
En relación con la operación de venta y colocación de Títulos de Tesorería (TES) por $23 billones de pesos, el ministro aclaró que esta se realizó con criterios de prudencia financiera y tuvo como objetivo cerrar el ciclo económico del año 2025.
La operación se llevó a cabo con PIMCO (Pacific Investment Management Company), uno de los fondos de inversión más importantes del mundo.

También, descartó cualquier señal de desconfianza de los mercados. Por el contrario, la participación de inversionistas internacionales evidencia que Colombia mantiene un nivel significativo de confianza, con una economía en crecimiento.
El ministro concluyó diciendo que, 2025 ha sido un buen año económico, con resultados de crecimientos positivos y actividad productiva estable, pero la emergencia económica busca proteger la estabilidad fiscal del país.

La situación fiscal del próximo periodo enfrenta varios elementos de alta relevancia. En este contexto, durante la rueda de prensa del Banco de la República, en la que se informó que la tasa de interés se mantendrá en 9,25 %, el ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, se refirió a las implicaciones fiscales derivadas de la reciente decisión del Congreso de la República de negar la Ley de Financiamiento.

El ministro Ávila calificó esta decisión como un acto de poca responsabilidad con el país y con su futuro macroeconómico. Según explicó, esta situación obliga al Gobierno nacional a adoptar medidas extraordinarias, entre ellas la alternativa de emergencia económica, con el fin de acudir a fondos y recursos que no fue posible obtener tras la negativa del Legislativo.

Asimismo, señaló que no existe antecedente en los últimos 30 años en el que el Congreso haya aprobado un presupuesto asociado a una Ley de Financiamiento, y, dos meses después, haya negado dicha ley. “Es una especie de trampa al país”, afirmó, al advertir que el presupuesto aprobado suponía un nivel de gasto y compromisos orientados a cumplir metas sociales y garantizar la estabilidad económica.

El ministro explicó que la eventual declaratoria de emergencia económica tiene como objetivo proteger los derechos fundamentales, asegurar el cumplimiento de las vigencias futuras y fortalecer las capacidades de las Fuerzas Públicas, especialmente en materia de desarrollos tecnológicos, para evitar que el Estado quede en desventaja frente a organizaciones armadas. Dichas medidas son de corto plazo y demandan acciones urgentes debido al momento crítico de seguridad que enfrenta el país.

Los nuevos recursos requeridos están concebidos bajo el mismo esquema planteado en la Ley de Financiamiento, es decir, recursos tributarios, diseñados para no afectar a la población más vulnerable, tal como se proponía inicialmente. En ese sentido, el Gobierno espera que la Corte Suprema de Justicia estudie con detalle la medida de emergencia económica y los decretos reglamentarios que la acompañen, con el fin de que sea avalada, al considerarla una propuesta válida y bien sustentada.

Finalmente, frente a las recurrentes preguntas sobre el incremento de salario mínimo, fue enfático en decir que, el objetivo del Gobierno es llegar a un consenso en el que sean tomadas en cuenta las propuestas de todos los sectores.

“Llevamos tres años del Gobierno del presidente Petro diciendo: más salario mínimo, menos inflación y menos desempleo. La ecuación se rompió”, añadió el ministro, sustentando que es posible aumentar el salario mínimo sin desatar un proceso inflacionario y sin tener un fenómeno de desempleo, acompañado de un ciclo productivo que resulte en una mayor demanda agregada.

La Superintendencia Financiera de Colombia publicó recientemente el informe Medición Impacto Financiero Ocasionado por la Emergencia Económica Social -Covid 19. En el completo informe se brinda un diagnóstico sobre las entidades vigiladas a partir de una muestra de 607 compañías del sector real no financiero con información reportada entre julio y agosto de 2020.

Entre los principales resultados observados se encuentra que el 54,7% de las empresas se vieron afectadas y un 24,05% muy afectadas. El 19,6% afirmó que su operación continuó igual. En virtud de la emergencia, el 27,84% manifestó tener algún tipo de nueva orientación o cambio en el modelo de negocio y un 20,75% expresó que diversificó los canales de distribución. Esta variación fue el cambio más común en los sectores de las empresas consultadas.

En relación con los alivios empresariales, de las 607 empresas que hacen parte de la muestra, el 24% manifestó haber acudido al del subsidio a la prima de junio, el 23% al pago parcial al sistema de aportes al sistema general de pensiones, el 14% al procedimiento abreviado para la solicitud de devolución de saldos a favor ante la DIAN y el 6% a beneficios respecto de los contratos de arrendamientos.

Para ver el informe completo, haga clic aquí.

El Gobierno declaró la segunda emergencia económica con el fin de seguir mitigando los efectos de la pandemia. En aras de proteger el empleo y el flujo de caja de las empresas, se subsidiará el equivalente al 40% de un salario mínimo de la nómina de estas, siempre y cuando, hayan tenido una reducción del 20% en su facturación. De igual forma, se aplaza para diciembre el pago del impuesto de renta que está próximo a causarse. A continuación, se explican estas medidas:

¿Qué tipo de empresas pueden aplicar a este beneficio?
Cualquier empresa, ya sea pequeña, mediana o grande, que haya tenido una reducción del 20% en su facturación o ventas, frente al mes de abril de 2019. Para las empresas que se crearon con posterioridad a abril del año pasado, se comparará con los ingresos de enero y febrero cuando el COVID-19 no estaba en el país.

La certificación tiene que venir del contador o revisor fiscal que valide que efectivamente hubo una reducción del 20% en la facturación

¿Qué tiene que hacer una empresa para aplicar al subsidio?
La empresa debe tener bancarizada su nómina, para hacer más expedito el trámite. Si los empleados reciben su nómina a través del sistema financiero, por ese mismo medio llegará el monto.

Es necesario aclarar que el sistema financiero no recibirá un porcentaje por su papel de intermediario para esta medida.

Para aquellas empresas que no tienen bancarizada su nómina, se debe certificar que ha pagado la seguridad social a través de la planilla PILA

¿Cuál es el costo de la medida y de dónde saldrán los recursos?
El subsidio tendrá un costo aproximado de $2 billones mensuales, es decir, cerca de $6 billones para los tres meses que regirá la medida. Los recursos vienen de los esfuerzos del Gobierno de conseguir recursos a través de la inversión forzosa de las entidades bancarias en títulos de deuda del Gobierno y de recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias.

¿Cuánto es el monto del subsidio?
El monto es de $350 mil mensuales por empleado.

¿Cuándo empezará a regir la medida?
Se está trabajando para que la medida sea efectiva a partir de la primeralisto quincena de mayo.

¿Cuántos empleados se verán beneficiados?
Se calcula que 6 millones de empleados se beneficien con esta medida

¿Cómo se asegurará el Gobierno que el subsidio esté siendo utilizado para pagar nómina?
En el segundo giro se confirmará a través del sistema PILA que efectivamente los recursos se utilizaron para pagar nómina.

Adicionalmente, se puede verificar posterior a esta situación si se hizo el pago al empleado.

Quienes no dirijan los recursos al pago de la nómina estarán cometiendo el delito ‘fraude a subvención’, tipificado en el código penal.

¿En qué consiste el aplazamiento del impuesto de renta?
Básicamente el impuesto de renta está próximo a causarse. Para dar flujo de caja a las empresas, esta obligación se aplazará para diciembre, cuando esperamos que esta situación esté mejor.

En el marco de la declaratoria de la segunda emergencia económica, el Gobierno nacional anunció dos medidas para proteger el empleo: un subsidio para las nóminas y un aplazamiento para diciembre del impuesto de renta que está próximo a vencer.

En aras de evitar despidos de empleados, el Gobierno subsidiará el equivalente al 40% de un salario mínimo de los trabajadores de aquellas empresas que hayan visto reducida su facturación en un 20%. Esta medida empezará a regir por los siguientes tres meses.

El subsidio será girado a través del sistema financiero para las nóminas que están bancarizadas, para las que no, deben mostrar que tienen en regla la planilla PILA para que puedan aplicar al beneficio.

Otra medida que busca aliviar el flujo de caja de las empresas, es el aplazamiento del pago del impuesto de renta que está próximo a vencer, dando un respiro para los próximos meses.

Debido a los efectos del Coronavirus (COVID-19), a la volatilidad de los precios del petróleo y a la incertidumbre en las condiciones financieras internacionales, el Gobierno nacional decidió declarar la emergencia económica y generar los mecanismos para hacer frente a las necesidades del sector salud, así como mitigar los efectos adversos sobre la actividad económica.

Las decisiones adoptadas, buscan optimizar el uso del patrimonio del Estado, salvaguardando la estabilidad de las cuentas fiscales.

Los recursos se destinarán a mejorar la prestación de los servicios para atender la emergencia sanitaria, con medidas para optimizar la expansión de la capacidad diagnóstica del país, fortalecer la red de Unidades de Cuidados Intensivos, garantizar, durante el aislamiento social y, la seguridad alimentaria de la población más vulnerable. Así mismo, se dispusieron acciones para disminuir el impacto en el desempleo y proveer los insumos para restablecer la actividad económica del país dependiendo de la evolución de la pandemia.

Entre las acciones de protección a la población más vulnerable, se anunció un giro adicional a los programas: ‘Familias en Acción’, ‘Jóvenes en Acción’ y ‘Adulto Mayor’, así como la aceleración del programa de devolución del IVA para abril y no para 2021 como se tenía planteado en un principio, el cual beneficiará a 1 millón de hogares.

Como medidas para minimizar el impacto económico, se buscará mantener las relaciones crediticias, a través de una promoción de líneas de crédito y garantías para que la pequeña, mediana empresa, así como los hogares puedan cumplir sus obligaciones. También, se habilitarán canales de transferencias monetarias para la población no asalariada y vulnerable.

De esta manera, el Estado colombiano optimizará recursos significativos para financiar estas medidas que, además de proteger a la población de menores recursos, reactivarán y mantendrán nuestra economía.

Para el Gobierno, la prioridad es la población. Las medidas tienen como prioridad  minimizar los efectos del COVID-19. Asegurar la atención rápida y oportuna de quienes lo necesiten y evitar la expansión del virus. No escatimaremos esfuerzos para salir adelante de esta crisis buscando los menores efectos posibles.