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En la presente semana, 1.063 funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, se toman el comercio de a nivel nacional, para efectuar censos de establecimientos de comercio en los diferentes sectores comerciales, en desarrollo de las acciones del Plan de Cobro y Fiscalización previstas en las jornadas "Al Día con la DIAN, le cumplo al país". En abril la Entidad gestionará $1.2 billones.

 

Las Directoras de Gestión de Ingresos, Cecilia Rico Torres, y de Fiscalización, María Pierina Gonzalez Falla, aseguraron que la estrategia de cobro y fiscalización de la Entidad se traslada a las calles para ejecutar una acción masiva de control de obligaciones formales y un censo de establecimientos de comercio.

 

Los funcionarios de la DIAN efectuarán 13.820 visitas de censos y control de obligaciones formales, 6.805 visitas de cobro para identificar bienes de los morosos que adeudan $1.2 billones y 300 diligencias de Remate de bienes.

 

Actualmente el número de morosos de la entidad es de 108.678 contribuyentes, de los cuales 66.966 son personas jurídicas y 41.712 personas naturales, cuya cartera suma $3.7 billones gestionables. El 32% de ésta corresponde a actos administrativos proferidos por las dependencias de fiscalización, liquidación, jurídica y el 68% restante a declaraciones presentadas por contribuyentes que no pagaron la totalidad del impuesto autoliquidado o lo hicieron parcialmente.

 

Desde enero, vienen ejecutándose en las diferentes seccionales de la DIAN el Plan Nacional de Cobro y el Plan de Choque contra la Evasión y el Contrabando 2018, así como acciones de control extensivo que han permitido recaudar en el primer trimestre del año, $2.2 billones por concepto de recuperación de cartera.

 

Bogotá
En esta ciudad, serán 800 funcionarios, quienes efectuarán 1.200 visitas de censos y control de obligaciones formales, 1.500 visitas de cobro para identificar bienes de los morosos que adeudan $315 mil millones y 59 diligencias de Remate de bienes. El número de contribuyentes morosos en Bogotá asciende a 53.358, de los cuales 35.649 son personas jurídicas y 17.655 personas naturales, cuya cartera suma $1.8 billones gestionables.

 

Por último, la Entidad advirtió que adicional a las acciones antes descritas, se enviaron 8.068 avisos de cobro a las Entidades Sin Ánimo de Lucro – ESAL, a las que además se les reitera que para continuar en el régimen durante el año gravable 2018, y obtener el beneficio fiscal en materia del Impuesto Sobre la Renta, deberán presentar y radicar la información necesaria a través del aplicativo que para el efecto disponga la DIAN en su página web www.dian.gov.co, a más tardar el 30 de abril de 2018.

En un plazo de 10 días hábiles, Ecuador deberá eliminar la tasa aduanera a las importaciones procedentes de sus socios en la Comunidad Andina, CAN, (Bolivia, Colombia y Perú), que había establecido en noviembre pasado para las compras externas originarias de todos los destinos.

 

Así lo determinó la Secretaría General de la CAN a través de la Resolución 1999 del 20 de abril pasado, en la que señala que se trata de un impuesto que vulnera el Programa de Liberación (libre comercio) pactado entre los socios de este bloque por medio del Acuerdo de Cartagena.

 

El organismo explicó que luego de adelantar las investigaciones respectivas, pudo establecer que la tasa aduanera no obedece a servicios aduaneros prestados a los importadores con el propósito de facilitar el comercio, como lo ha señalado el vecino país.

 

En enero de este año, Colombia decidió activar los mecanismos de solución de controversias ante la Secretaría General del organismo, y éste decidió acoger los argumentos presentados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a los cuales también se había sumado Perú.

 

La Ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Lorena Gutiérrez, explicó que de acuerdo con el análisis técnico elaborado por esa cartera, los productos que se verían más afectados por la tasa aduanera que impuso Ecuador serían los automóviles, cosméticos y productos de aseo.

 

Ecuador podría solicitar la revisión de este fallo mediante un recurso de reconsideración, para lo cual tiene un plazo de 45 días. A su vez, la Secretaría de la CAN cuenta con 30 días para responder ese eventual recurso.

Solamente en el caso en que este país logre demostrar ante la Secretaría que con la derogatoria de la Resolución se generaría un daño irreparable, se podría autorizar a este país a mantener la tasa aduanera mientras se estudia a fondo el recurso.

Con el propósito de avanzar en la promoción de la innovación, el desarrollo empresarial y la inclusión productiva, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través de iNNpulsa Colombia, abrió tres convocatorias con recursos por más de $6.235 millones.

 

La primera de estas, llamada Innovación para la Productividad (que será cerrada el 13 de junio próximo), busca aumentar que las micro, pequeñas y medianas empresas del país sean cada vez más productivas por medio de la implementación de modelos innovadores dentro de las compañías. Para este propósito, el MinCIT e iNNpulsa cuentan con recursos por $3.235 millones. 

 

Una segunda convocatoria, que estará abierta hasta el 27 de abril de 2018, busca seleccionar hasta 20 Centros de Desarrollo Empresarial para transferir el modelo Small Business Development Center (SBDC) el cual busca optimizar las capacidades de las empresas que acuden a estos Centros en busca de asesorías personalizadas y de capacitación. 

 

Entretanto, MinCIT e iNNpulsa Colombia también abrieron una tercera convocatoria denominada Microfranquicias para la Inclusión orientada a los segmentos de emprendedores más vulnerables. Esta iniciativa contará con recursos por $3.020 millones. Este año, el Ministerio espera destinar más de $5.500 millones a la creación de 180 unidades de negocio bajo el modelo de microfranquicias. 

 

“El desarrollo de estos instrumentos busca favorecer no solo la competitividad y productividad de las empresas, sino que además apunta a que los emprendimientos logren su consolidación”, manifestó la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Lorena Gutiérrez.

 

Y en línea con el apoyo a la innovación MinCIT e iNNpulsa Colombia, a través del programa Fulbright, además apoyará a profesionales colombianos que se postulen para hacer programas de maestría en innovación empresarial en Estados Unidos. (Mayores detalles en http://www.fulbright.edu.co/beca-fulbright-innpulsa-ruta-innovacion/).

 

Por otra parte, el próximo 22 de mayo se realizará la premiación a la segunda versión del Premio Mujeres que Impactan, iniciativa de Endeavor Colombia que busca incentivar y reconocer el emprendimiento femenino de alto impacto en el país. La convocatoria cerró el pasado 30 de marzo y se postularon 125 mujeres.

Al fallar una acción de nulidad, la sección cuarta del Consejo de Estado destacó que la sujeción pasiva de las empresas dedicadas a la exploración, explotación y transporte de recursos naturales no renovables al impuesto de alumbrado público se supedita a que tengan sede o establecimiento en la respectiva jurisdicción municipal y, por ende, sean beneficiarias del servicio.

 

Síntesis del caso: Se estudió la legalidad de las disposiciones del Estatuto de Rentas de Manaure (Decreto 024 de 26 de mayo de 2006), regulatorias del impuesto sobre alumbrado público, así como del Acuerdo 019 de 2008, que lo modificó, en el sentido de incluir como sujetos pasivos del tributo a las empresas propietarias, arrendatarias y operadoras de sistemas de transporte de combustibles, tales como líneas de transmisión y distribución del gas natural, así como a las empresas explotadoras del gas natural, entre otras.

 

Problema jurídico: ¿La sujeción pasiva de las empresas propietarias arrendatarias y operadoras de sistemas de transporte de combustible, tales como líneas de transmisión y distribución de gas natural, así como de las empresas explotadoras del gas natural al impuesto de alumbrado público, está condicionada a que tengan sede o establecimiento en la respectiva jurisdicción municipal?

 

Tesis: “[E]n el presente asunto asiste razón al demandante en cuanto sostiene que la calidad de sujeto pasivo del tributo de las empresas a las que se refiere el artículo 1º del Acuerdo 019 de 2008, expedido por el municipio de Manaure, está supeditado a que sean usuarios potenciales del servicio de alumbrado público lo cual solo se verifica en la medida en que tengan establecimiento en la jurisdicción municipal y, por ende, sean beneficiarias del servicio. Por tanto, el artículo 1º del Acuerdo 019 de 2008, que es el que establece la sujeción pasiva, debe entenderse en el sentido que las «Empresas que sean propietarias arrendatarias y operadoras de sistema de transporte de combustible tales como líneas de transmisión del gas natural, líneas de distribución, así como las empresas explotadoras del gas natural», quedarán sujetas al impuesto siempre y cuando tengan sede o establecimiento en la jurisdicción de dicho municipio (…)”.

 

Sentencia de 25 de septiembre de 2017, exp. 44001-2331-000-2011-00161-01 (22088), C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, acción de nulidad.

La profundización del Protocolo Comercial de la Alianza del Pacífico que negociaron los países miembros, Chile, Colombia, México y Perú, en las áreas de comercio electrónico, telecomunicaciones y cooperación regulatoria, pasó la aprobación del Congreso de la República e irá a la Corte Constitucional para su aval.

 

De igual manera, el Congreso también dio luz verde a la creación de un Fondo de Cooperación de la Alianza del Pacífico, cuyos recursos serán destinados a la creación y apoyo a la pequeña y mediana empresa, así como a programas sobre el cambio climático.

 

“Es muy importante establecer reglas del juego claras en temas como el del comercio electrónico. También es vital proteger a los consumidores y facilitar las transacciones electrónicas”, señaló la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Lorena Gutiérrez.

 

Otro de los aspectos en el que profundizó el protocolo comercial, fue en el de telecomunicaciones. En esta área se establecieron medidas para evitar el comercio de celulares robados, para impulsar la conectividad, el despliegue de infraestructura de banda ancha entre los cuatro países y facilidades para el uso de redes de telecomunicaciones en casos de emergencia.

 

Y el tercer aspecto, el de cooperación regulatoria, eliminó requisitos técnicos que no son relevantes y logró acuerdos de armonización regulatoria, con el propósito de facilitar y dinamizar el comercio de productos cosméticos.

 

“Esto nos permitirá simplificar trámites para la importación y comercialización de productos. Además abre la posibilidad de construir cadenas de valor que maximicen eficiencias y mejoren la competitividad del sector de cosméticos, para así incrementar las exportaciones de esos productos hacia los países de la Alianza del Pacífico”, puntualizó la Ministra.

Mediante la Resolución 104 del 4 de abril de 2018, la U.A.E Contaduría General de la Nación regula la atención y respuesta a las distintas modalidades de peticiones, quejas y reclamos que a la entidad le corresponda resolver de manera oportuna y de fondo.

 

Para conocer la Resolución 104 completa, haga clic aquí.

La Superintendencia de Sociedades informó a las sociedades comerciales y empresas unipersonales sujetas a vigilancia y control que deben remitir el Informe 42 – Prácticas Empresariales, que este ya se encuentra disponible para su diligenciamiento.

 

Para enviar la información debe dirigirse al siguiente enlace y seleccionar el botón correspondiente:
https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/informes_empresariales/Paginas/Presentaci%C3%B3n-de-informes-empresariales-.aspx

 

Tenga en cuenta que:
Este informe no requiere la presentación ni remisión de documentos adicionales.


No es obligatorio el diligenciamiento de este informe por parte de las entidades empresariales inspeccionadas, sucursales de sociedades extranjeras, las sociedades que se encuentren en estado de liquidación obligatoria, liquidación judicial o voluntaria, concordato, o acuerdo recuperatorio.

 

Plazos de reporte
Los plazos de envío de este informe fueron definidos en la circular 201-000004 del 10 de noviembre de 2017, comenzando el 7 de mayo con los dos últimos números del NIT del 91 al 00 y finalizando el 21 de mayo con los dos últimos números del NIT del 01 al 10.

En el marco del XXI Conferencia Regional de Directores de Aduanas de las Américas y el Caribe, que se está celebrando en los Cabos – México, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, firmó un importante acuerdo con Costa Rica.

 

La DIAN y la Aduana de Costa Rica firmaron el Plan de Trabajo para el acuerdo de Reconocimiento Mutuo (ARM) sobre el Operador Económico Autorizado (OEA). Este se suma a los que Colombia ha suscrito y viene desarrollando con los países de Alianza del Pacifico y la CAN.

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública, CTCP, decidió ampliar el plazo inicial definido para la recepción de comentarios de la revisión del articulado del Decreto 2649 de 1993 a la luz de los nuevos marcos técnicos normativos de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la información.

 

Ahora, las personas interesadas en enviar sus comentarios tendrán para hacerlo hasta el 30 de abril de 2018 y no el 31 de marzo del mismo año como inicialmente estaba previsto. Estos deben ser enviados a los correos electrónicos Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. y/o Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..">Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..

 

Este sometimiento del análisis de la norma tiene justificación en:

  • En virtud de la Ley 1314 de 2009 se expidieron los decretos reglamentarios para entidades clasificadas en los Grupo 1, 2 y 3, que aplicarían NIIF plenas, NIIF para Pymes y contabilidad simplificada para Microempresas, respectivamente.
  • La vigencia de los decretos reglamentarios establecieron que a partir de la fecha de aplicación de los marcos técnicos normativos, no seguirían aplicando lo dispuesto en los Decretos 2649 y 2650 de 1993 y las normas que los modifiquen o adicionen y demás normatividad contable vigente sobre la materia para ese entonces.
  • El artículo 2.1.1 del Decreto Único Reglamentario número 2420 de 2015 que compiló los decretos reglamentarios de la Ley 1314 de 2009, en su numeral 3 aclaró que en lo no regulado por los decretos reglamentarios de los nuevos marcos normativos de información financiera para los preparadores clasificados en los Grupos 1, 2 y 3, seguiría vigente el Decreto 2649 de 1993.
  • La Superintendencia de Sociedades, el Ministerio de Comercio, industria y Turismo y el CTCP celebraron varias reuniones durante el año 2017 y en lo corrido del 2018, para realizar una revisión conjunta de la totalidad de los artículos del Decreto 2649 de 1993.
  • La comunidad contable en general ha venido presentado diversos interrogantes acerca de la vigencia y aplicación del Decreto 2629 de 1993.
  • Por tal razón, se hace necesario realizar un análisis del articulado contenido en el Decreto 2649 de 1993 frente a los nuevos marcos técnicos normativos de información financiera y establecer su vigencia, no vigencia o derogatoria.
  • Adicionalmente, es importante mencionar que una vez se defina la vigencia del articulado del Decreto 2649 esto se tendrá de insumo para presentar la propuesta del Sistema Documental Contable que también se tiene incorporada en el plan de trabajo del CTCP.

 

Para consultar el documento completo, haga clic aquí.

En lo corrido del presente año, la Superintendencia de Sociedades intensificó la lucha contra la captación ilícita de dineros del público. Entre enero y marzo pasados, la entidad efectuó otras 23 intervenciones contra personas naturales y jurídicas implicadas en esta conducta.


Por regiones, la mayor cantidad de intervenciones se realizó en Bogotá con un total de 12 casos, seguida por el departamento de Córdoba con 7 y Atlántico con 4 procesos.

La Superintendencia ha proferido este año medidas cautelares como toma de posesión, embargo y secuestro de bienes, contra 13 personas naturales y 10 personas jurídicas implicadas en casos de captación ilícita. Así mismo procedió a desmontar dichas estructuras e inició acciones tendientes a la mayor recuperación posible de recursos para los afectados.

El Superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar, afirmó que la entidad tomó entre otras, las siguientes medidas contra las personas y sociedades involucradas en casos de captación ilícita:

“Se ordenó la intervención mediante toma de posesión, de los bienes, haberes, negocios y patrimonio, dada su calidad de administradores o ex administradores, accionistas o ex accionistas, revisores fiscales o ex revisores fiscales, durante el periodo de captación.

Además, se decretó el embargo y secuestro de todos los bienes, haberes y derechos de propiedad, susceptibles de ser embargados a las sociedades implicadas”.

El Superintendente Reyes Villamizar precisó además que, en aras de ubicar e identificar bienes y recursos de los implicados en casos de captación ilícita, “la Superintendencia dio instrucción a los juzgados para que informen a esta entidad si los intervenidos son titulares de derechos litigiosos o adelantan procesos de los que se pueda derivar algún derecho y de los bienes sobre los que recaen”.

La Superintendencia pudo identificar que algunas de las firmas y empresas intervenidas por captación ilícita este año promueven supuestas inversiones en fondos, en títulos valores, en carteras colectivas y en patrimonios autónomos, para atraer inversionistas con la promesa de jugosas rentabilidades.

Cabe recordar que durante todo el año 2017 la Superintendencia de Sociedades realizó el mayor número de intervenciones contra mecanismos de captación ilícita, desde que se produjo el desplome de las pirámides DMG y DRFE hace 10 años. Entre enero y diciembre del año anterior se efectuaron 210 intervenciones, lo que significó un aumento exponencial del 76 por ciento, con respecto al 2016.

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